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Aplican medidas cautelares a funcionarios del MP por sustracción de dos carretillas



A las 11:00 de la mañana, de este domingo, 14 de octubre, se realizó en la sala 6 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, audiencias de control dentro de la investigación seguida a dos funcionarios del Ministerio Público, vinculados a la presunta sustracción de dos carretillas del edificio Avesa.

La audiencia estuvo presidida por el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Justo Vargas.  En representación de la Fiscalía de Circuito Anticorrupción, estuvo el fiscal Jacinto Pérez.  En tanto, el abogado particular Rodolfo Mena, asumió la defensa de uno de los indiciados de 36 años de edad, conductor del Centro de Comunicaciones Judiciales (CCJ), y el defensor público Renaldo Griffith, asumió la representación legal del otro indiciado de 48 años, conductor del Centro de Custodia de Evidencias.

En ese sentido, el juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes, en cada sesión de audiencia, decidió en primera instancia legalizar una diligencia de vigilancia y seguimiento practicada en la madrugada de este sábado 13 de octubre, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde luego de ver al funcionario de 36 años, montar las dos carretillas en un vehículo del MP, asignado a su persona por estar de turno, y luego de un recorrido por Obarrio, Avenida Balboa y finalizando en las inmediaciones del edificio Poli, de Calidonia, se logra a las 2:00 de la madrugada, la aprehensión de ambos funcionarios, cuando le entregaba dichas carretillas de aluminio, cuyo valor de ambas, indicó el fiscal era de $855 balboas.

Posteriormente, el juez Justo Vargas, procedió a legalizar la aprehensión de ambos y dar por presentada la formulación de imputación que hiciera el fiscal, como presunto autor de los delitos de hurto agravado y peculado de uso, para el funcionario de 36 años; en tanto, al de 48 años, sólo como presunto autor del delito de hurto agravado.

En el debate de la medidas cautelares personales a imponer, el fiscal solicitó para ambos la detención provisional, aduciendo la gravedad por ser funcionarios y además por posibles riegos procesales, lo que concluyó peticionando la suspensión del cargos para ambos.

En tanto, ambos defensores no coincidieron con lo solicitado por el fiscal, al argumentar que existían otras medidas menos severas que la detención provisional, pues a su criterio existen arraigos laborales, domiciliarios y familiares, que los mantendrían sujetos al proceso en investigación.  Por ello, solicitaron reportes periódicos e impedimento de salida de país para sus defendidos, oponiéndose igualmente a la suspensión del cargo.

Al respecto, luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez de Garantías, discrepó con la petición de detención provisional que hizo el fiscal para ambos, al estimar que dicha medida debe ser proporcional con la naturaleza del hecho, pues se trata -sin desmeritarlo- de un hurto de dos carretillas con un valor de ambas de $ 855 balboas.   Aunado a lo anterior, el juez vio bastante leve la tipología del delito que el fiscal le hizo a uno de los hoy imputados, pues según los argumentos hasta este momento, su participación fue cuando presuntamente iba a recibir las carretillas.

En ese sentido, como quiera que la detención provisional debe ser la última medida a aplicar, tomando en cuenta los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, es por lo que el juez de Garantías, Justo Vargas, impuso al funcionario de 36 años de edad, el reporte los días miércoles de cada semana, el impedimento de salida del país y la suspensión del cargo. En cuanto, al funcionario de 48 años, se le impuso el reporte los días 15 y 30 de cada mes, la prohibición de salida del país, así como también la suspensión del cargo, por tratarse de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones.

Esta decisión motivó el anuncio de apelación del defensor público, solamente en cuanto a la suspensión del cargo, por lo que se fijó para el próximo jueves, 18 de octubre, a las 4:00 p.m., en el salón 11, la realización de la audiencia ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.

Antes de finalizar, se legalizó la aprehensión de bienes incautados a los imputados, entre ellos dos celulares, para su posterior análisis de los mismos.

La audiencia concluyó a las 12:55 de la tarde, no sin antes ordenarse la inmediata libertad de los funcionarios del MP, siempre y cuando no tengan otra causa pendiente.  Se estableció el plazo legal de seis meses de esta causa que inició el pasado 9 de octubre, con la denuncia interpuesta por un miembro de la Unidad de Protección del Ministerio Público, en donde uno de los hoy investigados le indicó que estacionaría un vehículo de la institución cerca del cuarto del sótano del edificio Avesa, para sacar dos carretillas.


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