Pleno de la CSJ rechaza peticiones en caso de “escuchas telefónicas”

La mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con tres salvamentos de votos, en funciones de Tribunal Colegiado, decidió este lunes 15 de octubre, declarar no viable la petición de evaluación médico legal, y sin fundamento la solicitud de cambio de la medida cautelar, al procesado en el caso conocido como “escuchas telefónicas”.

Los magistrados Angela Russo de Cedeño, Asunción Alonso y Efrén Tello, salvaron su voto.

Lo anterior se dio en audiencia realizada durante este lunes, 15 de octubre de 2018, en el Segundo Tribunal de Justicia, del Palacio Gil Ponce.

El Pleno basó su decisión en el hecho de que no es competente para conocer la petición de la evaluación médico legal, ya que considera que eso le corresponde al Sistema Penitenciario, según lo establece la Ley 55, de octubre de 2003.

En cuanto a la solicitud de cambio de la medida cautelar de detención provisional, la mayoría de los magistrados, decidieron que la defensa no demostró que haya cambiado la condición jurídica del procesado, por lo que declararon sin fundamento dicha petición.

Se designó como relator, al magistrado Abel Zamorano, quien leyó la resolución a la que llegaron después de más de siete horas de deliberación. Además participaron en la audiencia, los magistrados Hernán De León (presidente), Luis Mario Carrasco (como suplente de Jerónimo Mejía), Oydén Ortega, Wilfredo Sáenz (como suplente de Harry Díaz), Efrén Tello (como suplente de Luis Ramón Fábrega), Cecilio Cedalise, Angela Russo de Cedeño, y Asunción Alonso (como suplente de José Ayú Prado).

En cuanto a los salvamentos de votos, los magistrados coincidieron que antes de analizar estas peticiones, se debe determinar la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer este caso, ya que el procesado renunció al Parlamento Centroamericano.

Durante la audiencia, que inició a las 9:40 a.m., la defensa técnica sustentó los motivos por los cuales hacía las dos peticiones al Pleno.

El abogado Carlos Carrillo se refirió a la solicitud de la evaluación médica, señalando que la salud de su defendido ha desmejorado en los últimos meses. En reiteradas ocasiones, la defensa ha asegurado que al procesado le aquejan enfermedades crónicas como hipertensión y problemas del corazón, entre otras. Carrillo manifestó que de acuerdo a lo que establece el artículo 93 numeral 13, del Código Procesal Penal, su defendido tiene derecho a la atención médica que requiera.

En sus argumentaciones, el abogado defensor leyó unas recomendaciones hechas por un médico privado, respecto al estado de salud del procesado. De acuerdo con ese informe, hay un riesgo de complicaciones y de infarto, además de otras situaciones de salud, por lo cual pidió al Pleno que remitieran a su defendido al IMELCF, para que fuesen ellos los que certificaran su estado de salud.

En tanto, el abogado Sidney Sittón, miembro de la defensa técnica, alegó sobre la solicitud de revisión de la medidad cautelar. Sittón invocó el artículo 240 del Código Procesal Penal y recalcó que las circunstancias de tiempo, lugar y modo han cambiado; asi mismo, aseguró que “no existe proporcionalidad en la medida que tiene actualmente nuestro cliente”. Por esa razón, recalcó que solicitaban el reemplazo de la detención provisional.

Destacó que el cardiólogo y el psiquiatra que atienden a su defendido, recomendaron que por las patologías que presenta, sea excarcelado. Sittón hizo referencias también a la condición de candidato a diputado que ahora ostenta su cliente, alegando un supuesto arraigo político y social. “Además, nuestro defendido ya no es diputado del Parlacen”, aseveró.

Propuso cambiar la medida cautelar de detención preventiva, por un arresto domiciliario, monitoreo permanente a través de GPS, así como la entrega de su pasaporte a las autoridades competentes. El abogado sugirió que para el monitoreo se le entregarían teléfonos móviles a la Oficina Judicial, a la Fiscalía y otro a la Defensa, para supuestamente mantener contacto permanentemente con el procesado.

Antes de finalizar su intervención, la defensa volvió a traer a colación el tema de la competencia del proceso, señalando que su defendido, al renunciar a su estatus de diputado del Parlacen, la CSJ no puede procesarlo.

Fiscalía y Querellantes se oponen

Tras escuchar las argumentaciones de la defensa técnica, el magistrado De León, quien presidió la audiencia, dio traslado a la fiscalía y los querellantes en el proceso para que respondieran a lo peticionado por la defensa.

El magistrado fiscal, Harry Díaz indicó que la defensa volvía a incurrir en actos de deslealtad procesal, puesto que la audiencia solo era para atender dos solicitudes hechas al Pleno, sin embargo, tocaron una tercera, la competencia de la Corte, en el proceso.

En ese sentido, Díaz recalcó que en reiteradas ocasiones, el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía se había pronunciado. Sin embargo, señaló que el pasado 10 de octubre, en audiencia intermedia, como fiscalía, aducieron que no tenían objeción en que el Pleno como tal, se manifestara sobre ese aspecto.

Sobre el tema de la evaluación médica, el fiscal indicó al Pleno que el procesado ha recibido constantemente asistencia médica y que ha sido evaluado por los médicos forenses hasta en tres ocasiones.

Díaz aseguró que hay informes que detallan que el procesado ha sido revisado en 75 ocasiones en estos cuatro meses, desde su llegada a Panamá. “Yo veo al acusado ahora más saludable que antes... Se ha demostrado por doctores de medicina legal que es una condición normal para una persona de 66 años de edad”. Díaz dijo desconocer, según lo argumentado por la defensa, en qué consiste el cambio que alega la defensa. “No nos oponemos a la evaluación de medicina legal, pero sabemos que ellos buscan otra cosa”, dijo Díaz.

El magistrado fiscal se opuso al cambio de medida cautelar, argumentando la gravedad de los delitos y recordó que al procesado ya se le negó una fianza de excarcelación en Miami, y también aquí, en Panamá, precisamente por el riesgo de fuga existente.

Por otro lado, Carlos Herrera Delgado, como vocero de los querellantes, se opuso a las solicitudes de la defensa. Argumentó que no se han presentado nuevas circunstancias como indica la defensa, y agregó que el proceso se encuentra en una fase delicada, en la que se debe definir cuáles pruebas serán admitidas y cuáles no.

David Cuevas, en representación del acusador autónomo, Rosendo Rivera, cuestionó que la defensa alega una situación de salud delicada, sin embargo, su defendido si tiene buena salud para aspiraciones políticas. Rivera se opuso a las dos solicitudes de la defensa, la primera por inconduscente. “Le compete al Juez de Garantías autorizar la evaluación médica”, acotó. El abogado pidió al Pleno que rechazara también la revisión de la medida cautelar

La audiencia se desarrolló, mientras en las afueras de la CSJ, un grupo de simpatizantes del procesado, protestaban.