Magistrado de Garantías accede a suspensión condicional del proceso a diputado por atropello de menor

Con la suspensión del proceso sujeto a condiciones por el término de tres (3) años, como método alterno de resolución de conflictos, concluyó el acto de la audiencia intermedia de formulación de acusación fijada para este miércoles 12 de septiembre de 2018, dentro de la causa penal contra un diputado de la Asamblea Nacional, por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo agravado, en perjuicio de una persona menor de edad (q.e.p.d.), quien fuese víctima de un atropello a la altura del corregimiento de Buena Vista, en la provincia de Colón, hecho ocurrido el 27 de diciembre de 2017.

El Licenciado Roberto Cueto, defensor técnico, pidió la suspensión del proceso condicionado a que su cliente tenga un mismo domicilio fijo por 2 años y que por igual período no maneje vehículo.

Por su parte, el abogado querellante coadyuvante Arquimedes Sáez, y los propios padres de la víctima, avalaron la solicitud de suspensión del proceso a condiciones por considerar que se reunían los requisitos para acceder a ello, como la aceptación de los hechos expresada de viva voz del imputado, así como la reparación del daño con el pago de un resarcimiento económico que se dio un día antes de esta audiencia intermedia.

En tanto, la magistrada Fiscal, Angela Russo de Cedeño, condicionó la petición que hizo el abogado de la defensa de suspender condicionalmente el proceso, a que el imputado manifestara de viva voz que admitía los hechos en que se sustentó la acusación; que el padre y la madre de la menor de edad (q.e.p.d.) manifestaran expresamente para que constara en audio y vídeo si estaban de acuerdo con la indemnización recibida, si nadie los estaba coaccionando u obligando a aceptar el acuerdo de resarcimiento o la suspensión condicional del proceso.

Asimismo, la magistrada Fiscal solicitó que se aumentara al máximo el plazo de suspensión condicional del proceso a 3 años en vez de a los 2 como lo solicitó la defensa, además de que se le prohibiera al imputado acercarse a los padres de la menor de edad (q.e.p.d.) y a los testigos aducidos en el acto de audiencia de acusación.  También la magistrada fiscal consideró necesario que se condicionara la suspensión del proceso a la prohibición de manejar cualquier vehículo a motor (no solo automóviles), que el imputado se sometiera a tratamiento psicológico, y que realizara trabajo voluntario no retribuido a favor del Estado, como médico que es, en la Clínica del Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón.

Al respecto, el juez de Garantías Harry Díaz, el cual decide en base a lo que piden las partes, al resolver la solicitud de suspensión condicional del proceso, estableció entre las condiciones que deberá cumplir el diputado de la Asamblea Nacional, están: la prohibición de manejar vehículo a motor por el término de tres (3) años; no cambiarse de su residencia por igual término de tres (3) años.   Tampoco podrá el imputado contactarse con los padres de la víctima, ni con los testigos que fueron aducidos como pruebas por la magistrada fiscal.

El magistrado de juez de Garantías, Harry Díaz, desestimó la petición de la magistrada fiscal de que el imputado prestara trabajo voluntario como médico, no retribuido, en el Centro Carcelario Nueva Esperanza de Colón, toda vez que según indicó el propio imputado, no ejerce la medicina desde hace 25 años.   También desestimó que fuese sometido a un tratamiento médico y psicológico.

De igual forma, se le advirtió al imputado que de incumplir con las condiciones de la suspensión del proceso, ello implicará su revocatoria, y por ende se continuará con el proceso en el estado en que fue suspendido.

Finalmente, el magistrado de Garantías dispuso levantar las medidas cautelares que pesaban en contra del diputado de la Asamblea Nacional.

Sustentación de Escrito de Acusación

Previo a esta decisión que concluyó con un método alterno de solución de conflictos que contempla el Código de Procedimiento Penal, la magistrada Fiscal Angela Russo de Cedeño dio lectura a su escrito de acusación contra el hoy imputado, para el cual solicitaba una pena de 78 meses de prisión, como autor del delito de homicidio culposo agravado, y una pena accesoria de suspensión de la licencia de conducir por igual término que la pena principal, una vez cumpla la misma.   

En este escrito también se contemplaba una gran cantidad de pruebas que se harían valer en un juicio oral ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas, 15 testimoniales, 5 testimonios de peritos, 6 pruebas periciales, 10 pruebas documentales, entre otros medios de prueba.

Esta audiencia de formulación de acusación que fue solicitada por la magistrada Fiscal desde el pasado 17 de agosto, tuvo lugar en el Salón de Casación del Palacio de Justicia Gil Ponce, la cual concluyó a las 1:25 de la tarde.