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Tribunal de Apelaciones decidirá apelación sobre sentencia en caso del DGI



El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Yiles Pittí (presidenta), Greta Marchoski y Mauricio Marín,darán a conocer el próximo martes 23 de octubre, a las 4:00 p.m., en la Sala 10 del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, la decisión sobre la apelación de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, dentro de la causa contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego, en perjuicio de la sociedad y de la Dirección General de Ingresos (DGI), hecho ocurrido el pasado 20 de diciembre de 2016.

 

Durante la audiencia, las defensas presentaron sus argumentos en base a su desacuerdo por la pena de 24 años de prisión y 6 meses, a Alexander Jaramillo y Jhony Davis Romero, como autores de los delitos de robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego, impuesta por el Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial, mediante la sentencia N° 151, argumentando que son delincuentes primarios, por lo que solicitaron se aplicara la pena mínima.

 

Por su parte, el Ministerio Público, pidió un aumento de pena para Joel Ledezma, a quien le impusieron la pena de 16 años y 6 meses de prisión, culpable por el delito de robo agravado, por considerar que es reincidente y tiene una sentencia previa, y solicitó que se confirmara la pena de 24 años de prisión y 6 meses, a Alexander Jaramillo y Jhony Davis Romero, como autores de los delitos robo agravado y posesión ilícita de armas de fuego.

 

En la lectura de la sentencia, el pasado 5 de octubre, producto de un veredicto de culpabilidad en los delitos de robo agravado y posesión de armas, emitido por un jurado de conciencia, el sábado 22 de septiembre, en las instalaciones del SPA de Plaza Ágora, el Tribunal de Juicio estableció dichas penas que fueron apeladas tanto por las defensas, como por el Ministerio Público.

 

Los hechos se dieron el 20 de diciembre de 2016, a plena luz del día y con gran cantidad de funcionarios y contribuyentes en la DGI, ubicada en Avenida Balboa, cuando los condenados realizaron un robo con arma de fuego y lograron llevarse más de 11 millones de dólares, entre dinero en efectivo y cheques.

 

En este caso, el Ministerio Público estuvo representado por Emeldo Márquez de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio; participaron el abogado querellante de la Policía Nacional, Antony Fernández; los abogados particulares, Martín Caicedo y Daniel Ramírez; y el defensor público, Julio Campines.

 

 

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